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El gran reto de las entidades locales es gestionar la innovación en lo público y aprovechar el potencial de la Compra Pública de Innovación. Las entidades locales están acometiendo importantes cambios organizativos, tecnológicos, económicos y sociales con el fin de crear ciudades innovadoras, que desde el punto de vista del ciudadano las hagan más fáciles y adaptadas a las necesidades de su población.
Este nuevo modelo de ciudad se basa en cuatro conceptos básicos: tecnología, sostenibilidad, integración e innovación; los cuales deben convertirse en valores e inculcarse a toda la población para que el desarrollo de la Ciudad Innovadora sea generado tanto por la Administración como por los propios ciudadanos.
Estos cambios suponen aposta por la creación de sistemas inteligentes en sectores como la salud, el transporte, las infraestructuras, la energía o el turismo, sin que éstos tengan una repercusión negativa en el medio ambiente y que sean capaces de generar modelos sociales inclusivos y hacer la ciudad más atractiva para las inversiones y las actividades económicas. En este sentido, los desarrollo tecnológicos parecen no tener límite y las soluciones a problemas cotidianos emergen con una rapidez inquietante, pero: ¿avanza a igual velocidad la modernización de las entidades públicas locales para hacer frente a estos nuevos retos?
Los desarrollo tecnológicos parecen no tener límite y las soluciones a problemas cotidianos emergen con una rapidez inquietante
A día de hoy, ya no es suficiente abordar la innovación en las ciudades como una sucesión de proyectos tecnológicos (mejor o peor ordenados), prestar servicios de apoyo a emprendedores y pymes, invertir en infraestructura tecnológica, diseñar estrategias de internacionalización y mejora de competitividad, etc, ya que gran parte de los elementos diferenciadores de las ciudades innovadoras residen en los valores intangibles y en las capacidades de los ciudadanos y su entorno social para innovar. Por ello es necesario que las entidades públicas locales se conviertan en el motor del cambio, lo que les obligará a innovar “de puertas adentro”, desde la propia Administración, transformando la innovación en un proceso estratégico para el desarrollo de la Ciudad; que permita identificar oportunidades y necesidades latentes de manera colaborativa, establecer prácticas para estar al día de lo que ocurre ahí afuera, con el objetivo final de transformar la ideas en realidades que aporten valor a todos los niveles.
La ciudad innovadora es aquella que se prepara para buscar de forma sistemática y deliberada hacer cosas nuevas en un entorno colaborativo o hacer las mismas cosas de formas nuevas, planteándose retos significativos y desafíos que aporten valor a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto
Este proceso de innovación en la ciudad hace que interaccionan de forma compleja y sinérgica varios elementos: los ciudadanos, las redes del ecosistema de innovación y el propio proceso de innovación.
La innovación en las ciudades constituye una realidad dual y compleja. Por una parte es necesario desarrollar una serie de grandes planes y proyectos innovadores de ciudad (planes de innovación, planes de Smart Cities) y por otra parte, la innovación es el resultado de múltiples iniciativas individuales, que generan un verdadero caos creativo del que emergen nuevas formas de orden dentro del ecosistema de innovación ciudadano.
La innovación en las ciudades constituye una realidad dual y compleja
Sin embargo, poco se trabaja en detonar este proceso de transformación y cambio cultural en las entidades públicas locales que les permita gestionar la innovación y convertirse en motores reales del cambio en las ciudades. La gran mayoría continúa con sistemas organizativos y culturales poco dinámicos, compartimentados y jerarquizados, con sistemas de evaluación que no incluyen incentivos orientados a la innovación, sin desarrollar programas de cultura innovadora o intraemprendimiento para poner en valor el talento de sus funcionarios, con herramientas de planificación pública alejadas de la vigilancia y la prospectiva tecnológica que les permita ver más allá del aquí y el ahora, sin implantar mecanismos para interactuar con el ecosistema de innovación e investigación del que hacen parte, careciendo de sistemas de indicadores sólidos que le permitan analizar ahorros y mejoras en la calidad de sus servicios públicos; en definitiva, muy alejadas de un modelo de innovación abierta de lo que se espera en una verdadera ciudad innovadora.
Un ejemplo claro, es que la forma en la que la mayoría de las entidades públicas locales pretende gestionar la innovación e incorporar la tecnología innovadora a los procesos habituales de la gestión de la ciudad, aún hoy en día, es a través del “pliego de condiciones”, un sistema que tiene como base un esquema mental obsoleto que intenta buscar la solución a un problema preguntándose: ¿qué deberíamos hacer? en lugar de proponer, ¿cómo deberíamos pensar?
En épocas de grandes transformaciones, como la que nos encontramos, no sólo nuestras habilidades, herramientas y prácticas caen en desuso. De forma más fundamental, nuestros modelos mentales se desactualizan, se vuelven ineficaces, engañosos o incluso peligrosos. Los modelos mentales con los que los dirigentes y técnicos de las entidades públicas se están enfrentando a sus problemáticas y al diseño de sus Smart Cties, en muchos casos son modelos mentales obsoletos, jamás se podrá resolver un problema con el mismo esquema mental que se creó, por tanto es inevitable para las entidades públicas entrar en la rueda de la innovación y llegar muy al fondo, construyendo nuevos modelos mentales.
En épocas de grandes transformaciones, como la que nos encontramos, no sólo nuestras habilidades, herramientas y prácticas caen en desuso
En palabras del profesor asociado del Departamento de Dirección de Sistemas de Información de la Escuela de Negocios Esade, Esteve Almirall[1]; “si no podemos solucionar esto, si no cambiamos nuestra forma de gestionar la innovación en lo público, va a ser difícil que las Smart Cities sean una realidad”, por lo que cambiar esto es probablemente el próximo reto de todas las ciudades que se quieran llamar a sí mismas ciudades innovadoras.
Si no cambiamos nuestra forma de gestionar la innovación en lo público, va a ser difícil que las Smart Cities sean una realidad
Hemos visto la importancia de abordar la innovación en las ciudades como un gran proceso de transformación cultural que permita la apropiación de tecnología para mejora de los servicios públicos. Esta apuesta por la incorporación de la tecnología innovadora a los procesos habituales de gestión de la ciudad alcanza una gran relevancia a través de la Compra Pública de Innovación (CPI), ya que en los procesos de innovación los usuarios pioneros son tan importantes como productores pioneros y las entidades públicas locales están llamadas a jugar este rol de usuario pionero.
El concepto de CPI se enmarca dentro de las llamadas políticas de demanda para promoción de la innovación, entre las que también se incluyen la introducción de regulación y estándares y la estimulación de la demanda privada mediante incentivos tributarios. Estas políticas constituyen una tendencia que refleja la adopción de un enfoque más amplio de las políticas de innovación (OCDE , 2011; Edler , 2013).
La CPI, como se define en la Guía 2.0 para la Compra Pública de Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es «una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública. La CPI contempla entre sus objetivos:
La CPI ha adquirido diferentes enfoques y formas entre las que sobresale la adquisición de servicios de conocimiento o I+D orientados al diseño de un prototipo (conocido como compra pública pre-comercial CPC) o, la compra de lotes definidos de bienes o servicios que aún no se encuentran en el mercado (conocido como CPI, Edquist y Zabala-Iturriagagoitia (2012)) o CPTI (Compra Pública de Tecnología Innovadora, Ministerio español de Economía, Indudstria y Competitividad, 2016), hasta la introducción de disposiciones en las compras públicas regulares (como criterios de evaluación favorables con la innovación) que favorezcan la adquisición de bienes o servicios innovadores.
A nivel europeo, la Comunicación de la Comisión Unión por la innovación, SEC(2010) 1161-, una de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020, trata la utilización estratégica de la contratación pública para promover la investigación y la innovación. En esta Comunicación se pide a los Estados miembros que reserven una parte de su presupuesto de contratación para investigación e innovación y se informa de que la Comisión proporcionará mecanismos de orientación y apoyo a los poderes adjudicadores. Posteriormente, en el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación de la UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente (Bruselas, 27.1.2011 COM(2011) 15 final) se evidencia más el compromiso de la CE con este instrumento.
Recientemente, la «innovación» ha sido incorporada de manera efectiva en las Directivas europeas de contratos públicos aprobadas el 26 de febrero de 2014 como una nueva política pública, al mismo nivel que la social y medioambiental, que debe promoverse a través de los instrumentos contractuales. En el considerando número 47 de la Directiva 2014/24/UE se dispone expresamente que los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación, por ser considerada uno de los principales motores del crecimiento futuro.
En Colombia, el impulso a la CPI arranca con un informe de recomendaciones de la OCDE en 2013 donde identifica las Políticas públicas orientadas a promover la demanda de productos y servicios innovadores como uno de los elemento para promover el desarrollo de sistemas locales de innovación.
Haciendo caso a esta recomendación, Colombia Compra Eficiente (CCE) definió en 2014 la Política de Compra Pública de Innovación para el país que quedó recogida dentro del Plan Nacional de Desarrollo: “… para incentivar la inversión privada en ACTI, es necesario contar con un marco normativo que permita generar mecanismos efectivos de orientación del gasto público para productos innovadores fomentando la inversión privada en las actividades de CTI. Para ello, el Gobierno nacional creará un programa de Compra Pública Innovadora.”
Desde esa fecha, se ha ido avanzado en la implementación de la política a través de proyectos pilotoA partir de esa fecha, se han ido fortaleciendo dentro de las políticas de innovación de ámbito nacional y regional, coordinándose desde la Subdirección General de Fomento de la Innovación de la Secretaria General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
A nivel local, la ciudad de Medellín, desplegó en 2015 un Programa de Compras Públicas de Innovación en el que se formaron a más de 700 agentes (gobierno, empresas, universidades) y se implementaron dos proyecto piloto: Metro de Medellín, Consorcio Hidrohituango.
De lo observado a nivel internacional, la implementación de la CPI exigirá construir un nuevo esquema mental que oriente las compras de las entidades locales no sólo al cumplimento de sus fines, sino establecer objetivos estratégicos de segundo nivel que busquen el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas, al tiempo que se mejoran los servicios públicos.
La Compra Pública de Innovación se convertirá en un instrumento básico para las ciudades innovadoras, al permitir planificar su demanda futura de servicios y productos y generar un tejido empresarial local basado en el conocimiento y la tecnología
Mediante la CPI, las entidades públicas locales deberán introducir un nuevo concepto llamado “Demanda temprana”, que no es más que la orientación al mercado sobre qué productos o tecnologías van a demandarse en un futuro cercano por estas entidades entidades y que es casi tan importante como los propios contratos, pues orienta a las empresas sobre dónde afinar capacidades de I+D+i para ser capaces de competir en las próximas licitaciones.
Para que las entidades públicas locales estén en disposición de crear “mapas de demanda temprana” que agrupen los retos de innovación que derivarán en futuros procesos de compras, deben ser capaces de realizar un proceso ordenado que incluya:
En el escenario internacional existen 557.000 ciudades y gobiernos locales con un gasto público que equivale al 10% del PIB Mundial, una cifra nada despreciable que hace pensar en la importancia de usar parte de este porcentaje como CPI.
Según cifras de la Plataforma Citymart (http://www.citymart.com/#transforming-the-way-cities-solve-problems), en 2015, la forma en que compran las ciudades a nivel mundial dista mucho de que la práctica de la publicación de las ideas para consulta al mercado, representando un escaso 2% del total.
Si queremos tener éxito en este nuevo modelo de ciudad innovadora, deben constituirse en las entidades públicas Unidades de Innovación, conformadas por personas capaces de liderar y sistematizar este proceso estructurado ofreciendo herramientas para la planificación, gestión y evaluación de la CPI a todos los empleados de la organización.
Estas unidades de innovación serán la pieza clave para desplegar el modelo de organización innovadora, que conseguirá mejorar el posicionamiento internacional de la ciudad y establecer acuerdos con otras ciudades para proyectos emblemáticos.
Este modelo de organización innovadora tendría 5 componentes, que deben ser abordados de manera holística para garantizar su sostenibilidad en el futuro.
Dentro de cada uno de los componentes será necesario desarrollar diferentes actividades:
1. CULTURA DE INNOVACIÓN
2.GESTIÓN INNOVACIÓN
3.INNOVACIÓN ABIERTA
4.CPI
5.ESPACIOS FÍSICOS
Es motivante y alentador el papel que las entidades públicas locales pueden jugar en este momento histórico, si las fábricas fueron los impulsores de cambio en la Revolución Industrial, las entidades públicas tienen el potencial para serlo en esta revolución digital. Sólo es cuestión tener la mentalidad para creerlo, la motivación para impulsarlo y la actitud para ejecutarlo de todos y cada uno de los trabajadores de las entidades públicas.
